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Reino Unido se debate entre mantener las ayudas por el covid-19 o empezar a recortarlas para frenar el gasto
El Gobierno británico tiene sobre la mesa una decisión muy dura que puede marcar un antes y un después en la economía del país. Después de un año aciago para las cuentas públicas de toda Europa, el Reino Unido se debate estos días entre dar por terminadas las ayudas a los más desfavorecidos o extenderlas, sacudiendo por completo el gasto público del país. Una decisión en la que el ministro de Hacienda, Rishi Sunak, se enfrenta a la oposición, a parte de sus compañeros de Gabinete y a diputados de su propia bancada.
En los primeros momentos de la crisis del covid, Sunak sacó el cañón de dinero público para compensar a las personas que iban a perder su trabajo, pero también a las más desfavorecidas, que podrían ver deteriorarse su situación ya de por sí precaria. Para ello, amplió el programa de Crédito Universal (una mezcla del Ingreso Mínimo Vital, el subsidio por desempleo y ayudas a familias numerosas o con otros cargos) en 1.020 libras al año, una decisión que, de una tacada, mejoró los ingresos de los 5,5 millones de hogares que reciben esa ayuda, con unos 16 millones de personas beneficiadas, según la fundación Joseph Rowntree.
El aumento, en teoría, iba a ser temporal mientras durara la pandemia. Pero ya ha pasado un año y Sunak ha puesto un punto final: el 31 de marzo la cuantía de la ayuda volverá a su nivel original, lo que supondrá una pérdida de 85 libras mensuales para cada beneficiario. Una situación que, según la fundación Rowntree, podría llevar a 500.000 personas a una situación de pobreza.
El motivo es muy simple: la deuda pública está creciendo a pasos agigantados. Según los últimos datos disponibles, hasta noviembre de 2020, la emisión se disparó en 301.600 millones de libras en el último año y ya supone el 99,5% del PIB del país. Y estas ayudas han supuesto 5.610 millones de libras, casi un 10% del coste de los ertes hasta este momento. Para Sunak, un ministro ‘thatcherista’ que afirmó que «los ingresos públicos naturales están entre el 36% y el 38% del PIB», este nivel de gasto es insostenible a largo plazo, y quiere empezar a dar marcha atrás cuanto antes.
Sin embargo, el aumento permanente de este subsidio se ha convertido en un caballo de batalla para la oposición, que esta semana ha llevado al Parlamento una moción para pedir al Gobierno que se mantenga. Los ‘tories’ han dejado entrever que se abstendrán, pero algunos en sus filas han anunciado que votarán a favor ante el simbolismo de recortar 80 libras mensuales del bolsillo de los más desfavorecidos.
En una entrevista este mismo lunes, el primer ministro, Boris Johnson, no ha querido decir si las ayudas se mantendrán. «No puedo continuar que vayan a seguir», dijo. En el Gabinete, los medios apuntan a una batalla entre la ministra de Trabajo y Pensiones, Thérèse Coffey, y el ala más ‘social’, frente a Sunak y los más preocupados por la deuda pública a largo plazo. Por encima, el miedo a que el Gobierno registre aún más desgaste del que ya tiene, con las peores cifras de muertes por covid del continente, manifestaciones de pescadores denunciando su «traición» en las negociaciones con la UE y tensiones territoriales crecientes. Un cóctel de difícil digestión para alguien como Johnson, acostumbrado a tener una alta popularidad en toda su carrera.
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